Arrancar la cosecha sin perder el plato en la mesa: extienden hasta 2027 el régimen que compatibiliza trabajo rural temporario y planes sociales

En pleno corazón de la cosecha gruesa, con tractores y cosechadoras trabajando a contraturno para aprovechar cada ventana de buen tiempo antes de que regresen las lluvias al centro del país, una decisión administrativa publicada esta semana en el Boletín Oficial vino a traer algo de calma al mundo del trabajo rural temporario: el régimen que permite a los estacionales compatibilizar un empleo registrado con sus planes sociales fue prorrogado hasta el 1 de septiembre de 2027, y de ese modo las familias de los surcos vuelven a tener un horizonte más largo para planificar la temporada sin el vértigo de elegir entre el jornal y el plato en la mesa.

El Decreto 1204/2026 extiende por doce meses un mecanismo que ya estaba vigente desde 2021 y que estaba a punto de vencer. Alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios están alcanzados directamente por la medida, a los que se suman unos 83.000 hijos de aportantes que conservan las asignaciones familiares. Se trata, en los papeles, de la misma cantidad de bocas que dependen de que la compatibilidad entre el trabajo y los beneficios siga funcionando, y que cada año se hacen la misma pregunta cuando arranca el trabajo en la finca: ¿me conviene tomar el empleo registrado o me conviene quedarme con el plan?

Qué cambia en la práctica para el cosechero

La norma aplica a quienes trabajan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales. También alcanza a los comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una herramienta clave en economías regionales como la vitivinícola, la yerbatera o la azucarera, donde la estacionalidad manda y el personal rota entre cosechas.

• Asignaciones familiares, que no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un piso de ingresos para los hogares con hijos durante la campaña.
• Tarjeta Alimentar, que se mantiene como ayuda directa para la compra de alimentos.
• Programa Volver al Trabajo, que sigue acompañando al trabajador mientras dure la contratación registrada.

El punto del piso de las asignaciones familiares es, para mí, el más de fondo: garantiza que cuando una madre o un padre sale a trabajar a la viña durante tres o cuatro meses, el ingreso familiar no caiga por debajo de lo que ya percibía con la asignación universal. Es una forma de decir que registrar al trabajador no empobrece al hogar, y eso cambia la ecuación para miles de familias que, hasta hace pocos años, preferían quedarse en la informalidad antes que perder el único ingreso estable que tenían en el año.

Lo que había en juego y lo que faltaba por resolverse

Antes de la firma del decreto, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. El gremio entendía que, sin esa compatibilidad, muchos productores volverían a contratar en negro para no generar conflictos en sus plantillas, y que los propios trabajadores rechazarían el alta para no perder los beneficios sociales. La prórroga, en ese sentido, es también una señal para los establecimientos del surco a la góndola: ordena el mercado laboral y devuelve previsibilidad al inicio de cada campaña.

El esquema, además, contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un incentivo orientado a promover la registración en el sector agropecuario. Cuando el trabajo se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario, lo que apunta a facilitar la transición hacia el empleo formal pleno. Es una escalera pensada para que la estacionalidad no sea una trampa de pobreza.

Lo que el Estado todavía no resolvió

La prórroga por un año es un alivio, pero deja flotando la pregunta de fondo: la del surco a la góndola todavía no tiene una respuesta de fondo para los cosecheros. El régimen sigue dependiendo de decretos anuales, lo que somete a miles de familias a una cuenta regresiva cada vez que se acerca la fecha de vencimiento, y los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, que son los que ordenan buena parte del trabajo en las economías regionales, todavía esperan una actualización que los ponga a tono con los costos laborales actuales. A eso se suma la falta de un registro único de trabajadores temporarios que permita cruzar datos entre el Ministerio de Trabajo, la ANSES y los gremios, y así evitar que un cosechero tenga que recorrer ventanillas distintas en cada provincia. Hasta que esos puntos no se resuelvan, cada cosecha seguirá arrancando con la misma zozobra de siempre: la de no saber si el año que viene una nueva prórroga.