Carsa, controlante de Musimundo, quedó formalmente quebrada por decisión judicial en Resistencia

La cifra inicial lo dice todo: 63.500 millones de pesos de deuda concursal. Vamos a los números. Ese fue el pasivo acumulado que la Justicia tuvo a la vista al decretar, el 2 de septiembre de 2026, la quiebra de Carsa S.A., la sociedad que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo. La resolución la firmó el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, que convirtió en quiebra el concurso preventivo que la propia firma había obtenido en julio del corriente año con el objetivo declarado de reorganizar sus obligaciones.

Según consta en el expediente, al que se accedió tras la recaratulación como "CARSA S.A. s/ Quiebra", el tribunal fundó la decisión en la existencia de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, y consideró inviable la continuidad del proceso concursal. La quiebra implica el desapoderamiento de los bienes de la sociedad y la intervención formal de la sindicatura.

Un cuadro que se agravó en el norte

El deterioro de la compañía se había hecho visible mucho antes del concurso. Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino, repartidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, locales que la propia empresa describió como puntos duplicados en plazas donde la marca tenía más de un local. Esos cierres dejaron a más de 100 personas afectadas en sus puestos de trabajo, según allegados a la sociedad. En paralelo, la firma venía negociando la venta de 45 sucursales a los dueños de On City, cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación no prosperó y, ante la falta de un comprador, el directorio aprobó el 26 de agosto un plan de reducción de estructura que la sindicatura tomó en cuenta antes del dictado de la quiebra.

A fines de mayo de 2026, los pasivos bancarios de la compañía sumaban aproximadamente 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor, por cerca de 1.549 millones. No es la primera vez que la empresa recurre a una instancia de este tipo: en 2018 ya había presentado un concurso de acreedores, entonces con una deuda declarada de 900 millones de pesos, muy lejos de los 63.500 millones del presente expediente. La comparación interanual y con aquel antecedente muestra un salto considerable en el nivel de exposición financiera.

Los próximos pasos del expediente

La sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez continuará interviniendo en el proceso. De acuerdo con el cronograma fijado por el juzgado, los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026. El informe individual está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio del mismo año. En el mientras tanto, la administración de los activos y la continuidad de los locales que aún permanecen abiertos dependerán de las decisiones que adopten el juez y la sindicatura en el marco de la quiebra.

• Quiebra decretada el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia.
• Deuda concursal declarada: 63.500 millones de pesos.
• Pasivos bancarios a fines de mayo de 2026: alrededor de 3.060 millones, con el Banco Nación como principal acreedor (≈1.549 millones).
• 20 sucursales cerradas en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, con más de 100 puestos de trabajo afectados.
• 45 locales que iban a venderse a On City: la operación no se concretó.
• Verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026; informe individual el 30 de marzo de 2027 e informe general el 25 de junio de 2027.

En lo que le cambia al bolsillo a una familia del norte, el cuadro es concreto: la salida de veinte sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones ya había achicado la oferta de productos electrónicos y había dejado localidades sin cobertura local, obligando a recorrer distancias mayores o a comprar por canales digitales con logística desde otras provincias. Con la quiebra decretada, el proceso de verificación de créditos se extenderá hasta bien entrado 2027 y la continuidad de los locales que aún operan quedará atada a las decisiones del juzgado y de eventuales compradores que se presenten en el marco del expediente.