Chaco quiere tejer una red de salud mental que no deje a nadie solo después de una crisis

Arranco la nota como me sale siempre, parado en alguna vereda mirando el sol, porque la historia que llega desde Resistencia tiene que ver con eso, con la gente que camina su provincia y que muchas veces necesita a alguien del otro lado cuando la cabeza no da para más. En la Legislatura del Chaco ya empezó a discutirse un proyecto de ley que busca armar, de una vez, una Red Provincial de Salud Mental Comunitaria, una estructura que tome todo lo que ya existe y lo ponga a funcionar bajo una misma lógica, con presencia en el territorio y con reglas claras para los momentos más difíciles.

Lo primero que hay que entender, y acá me parece que vale la pena explicarlo bien porque no es un tema menor, es que la iniciativa no pretende inventar nada desde cero. La propuesta, según el texto que circuló en el Parlamento chaqueño, apunta a articular los dispositivos, los programas y los profesionales que ya forman parte del sistema público de salud, pero que hasta ahora funcionan como islas, cada uno por su lado, sin demasiada coordinación entre sí. La idea es simple en el papel y compleja en la práctica: que un paciente que toca una puerta en el interior profundo de la provincia reciba la misma respuesta que alguien que la toca en la capital.

Una provincia dividida en nodos y con equipos que salen a la calle

• El modelo organiza al Chaco en nodos regionales de salud mental, en línea con las regiones sanitarias que ya existen, para evitar superposiciones y aprovechar la estructura actual.
• Cada nodo deberá hacer un relevamiento de su población, de los servicios disponibles y de las barreras de acceso, un mapa real de a dónde se llega y a dónde todavía no.
• Los equipos serán interdisciplinarios: psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos, integrados de manera progresiva según las necesidades de cada zona.
• Las tareas incluyen consultas ambulatorias en los centros de salud, visitas domiciliarias para llegar a quien no puede trasladarse, intervenciones en el momento de la crisis y seguimiento posterior a las internaciones.

El proyecto contempla además la creación de centros comunitarios, hospitales de día, espacios de rehabilitación psicosocial y dispositivos de acompañamiento familiar, con un objetivo que atraviesa toda la norma: que la atención no se quede en el consultorio ni en la internación, sino que acompañe a la persona en su integración educativa, laboral y social. En criollo, que nadie quede flotando entre un papel y una pastilla, sino que tenga un equipo que lo siga de verdad.

Después de la crisis: plan obligatorio y guardia permanente

Uno de los puntos que más me llamó la atención, y que me parece central para los lectores que están del otro lado, es que la iniciativa pone el acento en lo que pasa después del momento más agudo. El texto establece la obligación de elaborar un Plan Individual de Cuidados para los casos que lo requieran, con un equipo responsable asignado y un abordaje que contemple las necesidades familiares y comunitarias del paciente. Es, en definitiva, la respuesta a una pregunta que muchos se hacen y pocos formulan en voz alta: qué pasa con uno cuando sale del hospital y vuelve a su casa.

En paralelo, la propuesta crea una estrategia provincial de atención de crisis disponible las 24 horas, todos los días del año. Cada región deberá definir protocolos para recibir consultas, evaluar al paciente, intervenir en situaciones de riesgo y garantizar la continuidad del seguimiento. La prevención del suicidio tiene un capítulo propio, con integración de los programas que ya están vigentes, prioridad para el seguimiento de personas en situación de riesgo y acciones de posvención para quienes atraviesan duelos por estas situaciones. Los trabajadores de los servicios involucrados recibirán capacitación específica, algo que en el norte siempre hace falta y nunca sobra.

En lo administrativo, si el proyecto se convierte en ley, el Ministerio de Salud chaqueño tendrá 180 días para presentar un plan de implementación con metas a cinco años, un plazo que parece razonable para una provincia enorme, con pueblos chicos y distancias largas, donde la lógica de la garrafa y la receta no alcanza. Mientras tanto, en Resistencia y en cada localidad del Chaco, la discusión sigue abierta en la Legislatura, con la expectativa de que esta vez la red deje de ser un deseo y pase a ser, de una vez por todas, una realidad con nombre y apellido.