Condenan a un enfermero de Rosario que vendía por redes medicamentos robados del hospital

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por extraer medicamentos de su lugar de trabajo y comercializarlos a través de redes sociales. La pena recayó sobre Luis Benavídez, de 53 años, y se conoció tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por la Justicia Federal.

El Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado reconocieron la existencia del hecho, la participación del imputado, las pruebas reunidas, la calificación legal y la pena acordada. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros validó ese entendimiento en una audiencia realizada el 4 de septiembre, según consta en el parte oficial al que tuvo acceso este portal.

Los cargos que componen la condena

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a raíz del bromuro de vecuronio.
• Hurto, por la sustracción de los medicamentos del Policlínico PAMI II.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, vinculada a una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

A la pena de prisión se sumó una inhabilitación de cuatro años y seis meses para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos. Benavídez se desempeñaba como enfermero en el PAMI II desde 2014 y, según la acusación, conseguía allí las sustancias que luego ofrecía a consumidores con fines recreativos.

La pista que abrió la investigación

La pesquisa federal se activó a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El hombre entregó a la Unidad Fiscal Rosario el teléfono y documentación de su hijo y señaló que el fallecido consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero.

Los fiscales analizaron conversaciones y mensajes de audio del aparato y pudieron reconstruir la mecánica de las ventas: el enfermero ofrecía sustancias de uso hospitalario, acordaba el precio y coordinaba la entrega. La Justicia provincial había archivado la investigación por la muerte al no poder determinar la causa de fallecimiento: la autopsia no fue concluyente y el laboratorio no contaba con la tecnología para detectar la presencia de vecuronio, por lo que el deceso no pudo atribuirse a una sustancia específica.

Lo que resta resolver es si la causa por la muerte del comprador, actualmente archivada en el fuero provincial, se reabre a partir de las nuevas pruebas reunidas en el expediente federal. Tampoco se difundió la identidad de otros eventuales compradores ni el volumen total de medicamentos sustraídos durante el período en que Benavídez trabajó en el PAMI II.