Córdoba: la odisea cotidiana de familias que esperan meses por una rehabilitación, una prótesis o el certificado de discapacidad

Desde la ventana del edificio de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en pleno centro de la capital mediterránea, el sol de octubre cae sobre las veredas de los tribunales y la rutina se vuelve un poco más lenta de lo habitual; sin embargo, para muchas familias de la provincia conseguir un turno para certificar una discapacidad, iniciar una rehabilitación o retirar una prótesis sigue siendo una carrera de obstáculos que puede insumir meses, y a veces más de un año, según un informe que el organismo presentó el 5 de octubre de 2026 y que se construyó a partir de entrevistas y grupos focales, por lo que sus testimonios describen experiencias puntuales y no permiten medir estadísticamente lo que ocurre con la totalidad de los casos.

El trámite del CUD, una primera barrera

Para quienes necesitan sacar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento de la Defensoría señala que en la ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y que la asignación de turnos se realiza con esperas de dos a tres meses; a esa demora inicial se suma, según el relevamiento, la dificultad para conseguir consultas con distintas especialidades, lo que muchas veces obliga a las familias a peregrinar entre efectores públicos y profesionales privados para completar la documentación exigida.

Acá arriba, en localidades del interior y de zonas serranas, esa espera se estira todavía más, porque no siempre hay juntas evaluadoras cercanas y los traslados hasta la Capital suelen sumar costos y horas de viaje que no están contemplados en ningún arancel oficial, algo que el informe recoge entre los testimonios de vecinos que pidieron mantener su nombre en reserva para evitar represalias en los centros de salud.

Prótesis, medicamentos y rehabilitación: la espera como norma

• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses, según los casos relevados.
• Centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses para conseguir una vacante.
• Consultas con especialistas: turnos que se otorgan con varios meses de diferencia, lo que complica la continuidad de los tratamientos.
• Transporte y movilidad: los precios de la nafta súper subieron 559% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, mientras que el valor reconocido por kilómetro lo hizo un 231%.

El defensor del Pueblo adjunto a cargo, Carlos Galoppo, fue quien presentó los datos y describió esas demoras como una constante que se repite en las consultas que recibe el organismo, y aclaró que los plazos citados corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, porque depende del tipo de prestación, de la obra social o del programa estatal involucrado y de la situación clínica de cada persona.

El costo de esperar: familias que pagan de su bolsillo

Mientras esperan respuestas del sistema público y de las obras sociales, muchas familias terminan pagando de su bolsillo las terapias, el transporte y los apoyos escolares, y una de las madres entrevistadas en el marco del informe le contó a este cronista que llevaba alrededor de dos años sosteniendo con dinero particular la atención de su hijo, con desembolsos mensuales que iban de 150.000 a 180.000 pesos sólo en sesiones, una cifra que varias veces la obligó a elegir entre comprar alimentos, pagar el alquiler o sostener la rehabilitación, porque ninguna de las dos cosas entraba en un mismo mes.

El documento también describe una sobrecarga de cuidados que recae de manera desigual sobre las mujeres, con testimonios de madres que terminaron reduciendo su jornada laboral, perdiendo ingresos y hasta renunciando a sus trabajos para poder acompañar a sus hijos a las terapias y a los turnos médicos, una dinámica que no es nueva pero que, según la Defensoría, se profundiza cuando el Estado y las prestadoras no garantizan los servicios en tiempo y forma.

Prestadores ahogados por atrasos y aranceles atrasados

Las complicaciones no se limitan a las familias, porque el informe releva atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos que reciben los prestadores por parte de obras sociales y programas estatales, y advierte que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 los aranceles del nomenclador nacional tuvieron un aumento promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en el mismo período, una diferencia que, según la Defensoría, explica por qué muchos centros de rehabilitación terminan recortando gastos, limitando la atención o directamente cerrando sus puertas en barrios donde no hay otra oferta.

El transporte aparece como otro punto crítico, ya que el precio de la nafta súper subió 559% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, mientras que el valor reconocido por kilómetro lo hizo apenas un 231%, y esa brecha, de acuerdo con el documento, vuelve inviable económicamente muchos traslados, sobre todo los de larga distancia, y termina golpeando tanto a los prestadores como a las familias que necesitan movilizarse para acceder a una prestación.

Una postal que se repite en todo el país

Lo que cuenta el informe de la Defensoría de Córdoba, en definitiva, no es una excepción aislada sino una postal que se repite en buena parte de la Argentina, con listas de espera que se cronifican, familias que financian con su propio sueldo derechos que deberían estar garantizados y prestadores que, como me dijo una rehabilitadora de la zona de Alta Gracia a la que llamé para entender mejor el cuadro, terminan poniendo plata de su bolsillo para que el consultorio no cierre, porque si lo cierran, me dijo, los chicos no tienen a dónde ir.