Mendoza abre la puerta para estirar los pagos: cómo es la conciliación gratuita que negocia deudas de consumo

El otoño mendocino se presenta este año con un menú de cifras que pesan en la mesa de los hogares. La Dirección de Defensa del Consumidor puso en marcha un mecanismo de conciliación gratuita que apunta a una discusión que hasta ahora se daba en el mostrador del banco o en la ventanilla del comercio: cómo hacer frente a compromisos con tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones de consumo cuando la cuota empieza a comerse el sueldo. La herramienta se llama Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo y funciona como una instancia previa, administrativa y sin costo, para intentar un acuerdo con los acreedores antes de que el conflicto termine en la Justicia.

Desde mi lectura, lo que la Provincia acaba de reglamentar no es una quita mágica ni un perdón de deudas. Es, en todo caso, una mesa ordenada donde el consumidor puede sentarse a pedir lo que muchas veces no se anima a negociar cara a cara: más plazo, menos intereses punitorios, un plan de pagos que respire. Cualquier cambio, eso sí, depende de que el acreedor acepte. La administración mendocina no tiene facultades para imponer rebajas ni reestructuraciones unilaterales. La negociación puede incluir quitas, períodos de gracia, extensión de plazos y nuevos esquemas de cuotas, pero siempre como resultado de un acuerdo entre las partes.

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué condiciones

• Tener domicilio real en la provincia de Mendoza y ser consumidor final, sin actividad comercial vinculada a la deuda.
• Acreditar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.
• Compromisos financieros que superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente, o el 25% en casos de especial vulnerabilidad.
• Capital total adeudado de hasta 100 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de solicitar la intervención.

La norma prevé un umbral más bajo para los hogares que la Provincia considera en situación de especial vulnerabilidad social. Quedan alcanzados, entre otros, los grupos con menores a cargo, las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los desocupados, los beneficiarios de planes sociales y los trabajadores informales. En esos casos, la referencia baja del 30% al 25% de los ingresos netos del hogar, una señal de que la reglamentación busca ponderar la composición del grupo familiar y no solo el número frío de la cuota.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

• Entran: préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y deudas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• No entran: obligaciones con garantía hipotecaria, deudas alimentarias, multas y sanciones penales, ni deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

El recorrido del trámite empieza en la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, la OCDC, donde el interesado debe presentar un detalle actualizado de sus acreedores, los importes adeudados y una nómina de activos y pasivos. Con esa información, Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que disponen de hasta diez días hábiles para responder. A partir de allí se abre la etapa de negociación, que puede terminar en un acuerdo homologado o, en su defecto, dejar al consumidor en condiciones de evaluar la vía judicial. Lo que la Provincia no resuelve, y conviene decirlo de una vez, es el problema de fondo: la falta de educación financiera y la presión comercial que empujó a miles de familias a tomar compromisos que, con inflación y suba de tasas, terminaron siendo imposibles de sostener del surco a la góndola, de la góndola al resumen y del resumen al juicio.