Pandanés busca un salvataje judicial tras cerrar 25 locales y desvincular a 150 trabajadores

La cadena de panaderías Pandanés cerró la totalidad de sus 25 sucursales en el área metropolitana y desvinculó a 150 empleados en el marco de una crisis que la propia empresa atribuye a una caída del consumo superior al 50% y a un alza sostenida de sus costos de operación. Frente al pedido de quiebra, el Juzgado Comercial N.º 15 rechazó la solicitud directa y ordenó la apertura de un procedimiento de salvataje, conforme lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, para que acreedores, cooperativas o terceros interesados puedan presentar propuestas de rescate.

Vamos a los números. Según consta en el expediente judicial, la compañía arrastra una cesación de pagos desde octubre de 2025, un año después de haber inaugurado, en noviembre de 2022, una planta industrial de 1.778 metros cuadrados que en su momento fue dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios. Con el cierre de las 25 sucursales, la capacidad instalada quedó sensiblemente sobredimensionada respecto de la demanda efectiva, mientras los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin variaciones significativas a la baja.

Los argumentos de la empresa y la postura judicial

En su presentación concursal, Pandanés señaló como factores determinantes el encarecimiento de insumos clave, entre ellos la harina, impactada por la suba internacional del precio de los granos, el aumento de servicios y los incrementos salariales dispuestos por las paritarias. La gerente de la firma, Lise Lundme Funch, sostuvo que esos elementos provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos. La compañía afirmó haber intentado renegociar alquileres, sustituir proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, sin que esas medidas lograran revertir el cuadro de crisis.

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y dispuso, en cambio, la apertura de un registro de inscripción por el plazo de cinco días, con el objetivo de que acreedores, eventuales compradores o cooperativas de trabajadores puedan formular propuestas de acuerdo preventivo o bien ofertas para adquirir las cuotas sociales de la empresa. El pasivo declarado en el concurso preventivo rondaba los 1.200 millones de pesos al momento de su tramitación.

• Cierre total de las 25 sucursales en el área metropolitana.
• Despido de 150 empleados, comunicados por WhatsApp y sin telegrama de despido al momento de la presentación.
• Cesación de pagos declarada desde octubre de 2025.
• Planta propia de 1.778 m² inaugurada en noviembre de 2022, con capacidad para 50 locales.
• Pasivo concursal cercano a los 1.200 millones de pesos.
• Apertura de un registro de salvataje por cinco días bajo la órbita del Juzgado Comercial N.º 15.

La decisión judicial, técnicamente, no implica una homologación del salvataje, sino la habilitación del mecanismo previsto por la ley para intentar la continuidad operativa de la firma. En la práctica, la resolución abre una ventana acotada para que los distintos actores involucrados —acreedores comerciales, trabajadores organizados en cooperativas o eventuales inversores— puedan acercar propuestas concretas que permitan, en caso de prosperar, sostener fuentes de empleo y mantener la explotación del activo industrial.

La sindicatura concursal detectó, además, que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y demás cargas previsionales correspondientes al personal, un señalamiento que se suma al cuadro de incumplimiento exhibido por la firma y que eventualmente deberá ser resuelto en el marco del procedimiento. Respecto del impacto en los trabajadores, la modalidad de despido por WhatsApp y la falta de entrega de los telegramas pertinentes configuraron un cuadro de creciente conflictividad gremial, en un contexto en el que los empleados no podían siquiera retirar sus pertenencias de los locales cerrados.

Comparado con un año antes, el escenario de Pandanés muestra un giro pronunciado: si a fines de 2024 la empresa atravesaba un proceso de expansión con el despliegue completo de sus locales y de su planta industrial, en el último tramo de 2025 la actividad se redujo a cero en términos de ventas al público, con la totalidad de las bocas de expendio cerradas y un proceso judicial en curso. En lo que respecta al bolsillo de una familia del norte del Gran Buenos Aires, la desaparición de la red de sucursales implica la pérdida de una opción de compra cotidiana, la probable afectación de puestos de trabajo directos en un sector de baja calificación relativa y la incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones correspondientes para los dependientes desvinculados.