Una socia de la concesionaria de Pilar declaró y apuntó contra compradores morosos por dos millones de dólares

La socia y pareja del titular de la concesionaria Autos Pilar Premium declaró este jueves ante el fiscal Andrés Quintana y responsabilizó a compradores morosos por el desfasaje financiero que derivó en la denuncia penal. Chamoles, de 44 años, y Carlos González, de 43, habían sido detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

La versión de la indagatoria

Según el expediente, Chamoles sostuvo que clientes que abonaron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar en el último período generaron un descalce que impidió cumplir con las entregas pactadas. La imputada afirmó contar con pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y aseguró que el total de deudas a cobrar ronda los dos millones de dólares.

“Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó.”Cynthia Chamoles, en su declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana

Entre los deudores mencionados en la indagatoria figura un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Chamoles también hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

Damnificados y figuras involucradas

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar denunció haber pagado 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, mediante transferencias bancarias y efectivo.
• El expediente registra al menos 35 damnificados en la causa que investiga la fiscalía de Andrés Quintana.

La palabra de González y el origen de la crisis

En su propia indagatoria, González describió un descalce financiero de seis millones de dólares y repasó la expansión de la firma, que pasó de un local en el Shopping Champagnat a una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con un ritmo de ventas que llegó a Cien vehículos por mes. El empresario vinculó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, originada en el uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Tras el secuestro de nueve unidades ordenado por el juez federal de Campana y su procesamiento en esa causa, la concesionaria no logró revertir la situación.

La causa avanza con la carátula de estafa y la etapa de instrucción abierta por la fiscalía de Pilar. Resta definir las próximas medidas sobre los bienes embargados y la situación procesal de los imputados, mientras se incorporan nuevos damnificados a la lista de víctimas.