La canasta básica de los jubilados cerró octubre en 2.090.646 pesos y más que cuadruplicó el haber mínimo con bono

La cifra resulta elocuente por sí misma: una persona mayor necesitaba en octubre, según la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, 2.090.646 pesos para cubrir sus consumos habituales durante un mes. Esa estimación cuadruplica con holgura el haber mínimo previsional, que con el bono extraordinario (un refuerzo adicional que el Estado otorga de manera periódica) alcanza los 505.748 pesos, y deja al descubierto una brecha estructural entre los ingresos formales del sistema previsional y el costo real de vida de los adultos mayores en la Argentina.

El relevamiento se construyó sobre las pautas de la canasta familiar del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y reponderó los distintos rubros según el peso específico que tienen en el presupuesto de las personas mayores. Abarca la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza, cinco aglomerados que, por su volumen poblacional y su diversidad de realidades socioeconómicas, funcionan como referencia razonable para extrapolar la situación a nivel nacional.

Medicamentos, alimentos y vivienda concentran dos tercios del gasto

El informe desglosa el gasto en tres grandes frentes que, sumados, reúnen 1.341.419 pesos, alrededor de dos tercios del total calculado. El rubro más oneroso resulta el de medicamentos y atención de la salud, con 518.708 pesos mensuales, una cifra que por sí sola supera el haber mínimo con bono y que explica por qué las farmacias de barrio se convirtieron en uno de los puntos de peregrinación obligada de los jubilados. Le siguen los alimentos, con 457.742 pesos, y la vivienda, con 364.969 pesos, un segmento que el trabajo subdivide según la situación habitacional del adulto mayor: propietarios que sostienen expensas y servicios, inquilinos expuestos a contratos actualizables y residentes en pensiones, una categoría que en los grandes centros urbanos suele ser ocupada por personas solas con ingresos reducidos.

El cálculo de salud incorpora los descuentos disponibles en farmacias de acuerdo con la obra social (la cobertura médica que cada afiliado posee, ya sea una prestadora gremial, de personal de dirección o de jubilados) de cada beneficiario, un factor que modera parcialmente el impacto pero que, según el propio informe, no alcanza a revertir el peso del rubro. En el caso de los medicamentos de uso crónico, una categoría que incluye tratamientos para hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y articulares, los descuentos oscilan entre el cuarenta y el ochenta por ciento según el principio activo y el tipo de cobertura, aunque ciertos productos quedan fuera de los vademécums (los listados de fármacos cubiertos por cada obra social) o presentan topes de cobertura que los pacientes terminan pagando de su bolsillo.

Las demás prestaciones, muy por debajo del costo de los medicamentos

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, es decir, los haberes que otorga el Estado a personas sin aportes formales y en situación de vulnerabilidad, se ubicaron en 375.023 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, una prestación equivalente al 80 % de la jubilación mínima destinada a mayores de 65 años sin aportes) alcanzó los 418.598 pesos con bono. Ambos montos, según el relevamiento, quedan por debajo incluso del costo estimado únicamente para medicamentos y salud, una comparación que desnuda la fragilidad de los esquemas de cobertura no contributivos frente a los precios del sistema de salud.

La variación interanual tampoco ofrece alivio. La misma canasta, medida en octubre de 2025, arrojaba 1.514.074 pesos, lo que implica un incremento del 38 % en doce meses. Frente al registro de marzo de 2026, la suba alcanzó el 14,58 %, un ritmo que, aun cuando se ubica por debajo de la inflación general de los últimos meses, continúa superando cómodamente cualquier ajuste previsional programado. La diferencia entre el crecimiento de la canasta y el de los haberes constituye, en definitiva, la expresión numérica de un desfasaje que los adultos mayores perciben mes a mes al momento de pagar las cuentas.

Lo que la Defensoría y la Sociedad de Geriatría dejaron planteado

El informe, por su carácter técnico, no formula recomendaciones de política pública, pero sí sienta las bases para el debate. La Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología difundieron la medición con el propósito explícito de aportar un parámetro independiente al debate sobre el poder adquisitivo de los jubilados. El trabajo, no obstante, no incluye en esta oportunidad testimonios de beneficiarios ni respuestas oficiales del organismo previsional ni del Ministerio de Salud, dos de las áreas cuya gestión incide de manera directa sobre los rubros que el relevamiento identifica como más sensibles. Tampoco presenta, hasta el cierre de esta nota, una respuesta del PAMI (la obra social nacional para jubilados y pensionados) ni de las cámaras farmacéuticas sobre la evolución de los precios de los medicamentos de uso crónico, que el propio informe señala como el principal factor de presión sobre la canasta. La brecha entre los 2.090.646 pesos calculados y los 505.748 pesos del haber mínimo, con todo, seguirá marcando la agenda previsional en los próximos meses.