Mora en créditos fintech: el 90% de los deudores ya cuenta con un plan de refinanciamiento, según el sector
La Cámara Argentina Fintech expuso ante diputados que 2,4 millones de personas con préstamos de fintech y billeteras digitales registran algún grado de irregularidad crediticia. Explicó, además, por qué las tasas anuales pueden parecer exorbitantes aunque el costo real de un crédito corto resulte mucho más moderado.
En la Argentina existen cerca de 21 millones de personas con acceso al crédito formal, una cifra que el sector describe como inédita en la historia financiera del país. Dentro de ese universo, 5,8 millones de individuos presentan algún grado de irregularidad crediticia, y de ese total 2,4 millones mantienen préstamos otorgados por fintech (empresas de tecnología financiera) o por billeteras digitales, lo que equivale al 16% de la mora total del sistema financiero, de acuerdo con los datos presentados por la Cámara Argentina Fintech ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.
Frente a ese escenario, la entidad informó que el 90% de los deudores con créditos en fintech y billeteras digitales ya accedió a algún esquema de refinanciamiento, asistencia o alternativa de salida. El objetivo declarado por las empresas es evitar que la deuda se transforme en una bola de nieve y que los usuarios puedan continuar construyendo su historial crediticio, un capital cada vez más relevante para acceder a préstamos hipotecarios, automotores y otros productos bancarios.
Cómo se financia el crédito digital y por qué las tasas son elevadas
La Cámara aclaró ante los legisladores que las fintech y las billeteras no prestan dinero de sus propios usuarios, una práctica que la normativa vigente prohíbe de manera expresa. En cambio, esas compañías toman líneas de crédito de bancos o emiten deuda en el mercado de capitales para luego otorgar financiamiento, generalmente a personas con poco o ningún historial crediticio previo y, en muchos casos, sin garantías tradicionales como un recibo de sueldo o un bien a nombre del solicitante. La combinación de un mayor riesgo y un fondeo más caro se traslada de manera directa a las tasas que pagan los consumidores.
Un punto central de la exposición fue la interpretación de las tasas anuales. El sector advirtió que la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) no reflejan de manera directa cuánto termina abonando una persona por un crédito de corto plazo. Para conocer el costo real de una operación, resulta imprescindible considerar en forma conjunta el monto solicitado, los intereses, los cargos adicionales y el plazo de devolución pactado.
- Un préstamo de 100.000 pesos a 14 días implica un pago total de 109.000 pesos, de los cuales 7.400 corresponden a intereses y 1.600 a impuestos.
- El costo efectivo para ese período de dos semanas es del 9%.
- Al anualizar esa tasa, la TNA trepa al 194%, la TEA llega al 550% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) alcanza el 850%.
- Esa cifra no significa que el deud vaya a devolver 950.000 pesos, sino que si el crédito se renovara de manera sucesiva durante todo un año, el costo acumulado se aproximaría a ese porcentaje.
La presentación también marcó una diferencia sustancial entre el crédito regulado y el informal. El primero, explicaron los representantes del sector, ofrece contratos claros, supervisión por parte de organismos oficiales, derechos del consumidor plenamente vigentes y canales formales de reclamo ante cualquier disconformidad. El segundo, en cambio, puede dejar a las personas sin ningún tipo de respaldo institucional frente a cobros indebidos o cláusulas abusivas.
Lo que el sector y los organismos de control no respondieron
Hasta el cierre de esta nota, la Cámara Argentina Fintech no difundió públicamente los nombres de las comunidades o los usuarios concretos que accedieron a los planes de refinanciamiento ni detalló cuántos de esos esquemas se concretaron efectivamente y cuántos quedaron en etapa de oferta. Tampoco respondió qué porcentaje de los 2,4 millones de deudores solicitó extensiones de plazo, quitas de intereses o consolidación de deuda en bancos tradicionales, ni cuántos convenios fueron firmados durante los últimos doce meses. Por su parte, la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados no informó si convocará a las asociaciones de defensa del consumidor y a los bancos públicos para contrastar estos números antes de avanzar en una eventual regulación específica del crédito digital, un punto que el propio sector reconoció como pendiente en su exposición.
